Aunque todavía no se presentó ante el Congreso de la Nación, en las últimas horas de la tarde del martes el Poder Ejecutivo difundió al periodismo los contenidos de la nueva “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, conocida también como “Ley Ómnibus”.
Se trata de la mega propuesta normativa que busca establecer numerosas políticas para ordenar la economía argentina, en conjunto con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de enero que, por ahora, está en suspenso, tras la media sanción en contra que tuvo en el Senado.
Vale recordar también que la primera “Ley Ómnibus” también fue rechazada por el Congreso, en una polémica sesión en la que el Gobierno decidió levantar el debate y volver a fojas cero, luego de que los diputados comenzaran a votar en contra algunos artículos clave, y pese a que ya había un dictamen emitido.
En tanto, también dio a conocer en las últimas horas la Casa Rosada el texto del proyecto de Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes.
El objetivo del gobierno de Javier Milei es alcanzar acuerdos lo más rápido posible para que se sancionen ambas iniciativas antes del “Pacto de Mayo”, convocado para el 25 de ese mes en Córdoba.
LA NUEVA LEY ÓMNIBUS
A grandes rasgos, el nuevo texto que se pretende enviar al Congreso no incluye novedades de relevancia para el agro.
Sucede que, tal como había sucedido durante el debate de la anterior Ley Ómnibus, la posibilidad de un aumento de retenciones quedó descartada, lo mismo que los cambios en el régimen que regula la producción y comercialización de biocombustibles.
Entre otros aspectos, la columna vertebral de la nueva Ley es la declaración de “Emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética” por el plazo de un año, pero en el capítulo sobre Reforma del Estado, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) queda expresamente excluido de la posibilidad de una intervención.
Dentro de este capítulo también, se habla sobre la privatización de empresas públicas, y la Sociedad Anónima estatal que administra el Belgrano Cargas quedó incluida entre las que podrían pasar a capitales privados.
En tanto, en lo referido a los fondos fiduciarios, lo relevante es que el nuevo proyecto dice que el Poder Ejecutivo debe garantizar a los beneficiarios de estos fideicomisos los mismos recursos que hubieran obtenido en caso de que no se disuelvan, lo que de alguna manera trae tranquilidad ante la incertidumbre que había con la continuidad de algunos fondos que son importantes para el desarrollo de economías regionales.
En cuanto al Paquete Fiscal, se centra en el lanzamiento de un “Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social”; es decir, una moratoria; y de un “Régimen de Regularización de Activos”; o sea, un blanqueo de capitales.
También propone un nuevo “Régimen especial del ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales” y cambios importantes en el Impuesto a las Ganancias, cuyos detalles se pueden consultar a continuación:
